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SENAMA

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Gobierno Transparente (Ley 20.285)

1. ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

Es el derecho que permite a la ciudadanía tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. La Ley de Transparencia lo desarrolla en dos dimensiones:

  • Transparencia activa: El acceso permanente a información a través de los sitios web de los organismos públicos.
  • Derecho de acceso a la información: El deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar ésta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva.

2. Qué deberes establece para los funcionarios públicos la Ley de Transparencia?

La Ley de Transparencia establece que tanto las autoridades como los funcionarios de la Administración del Estado, deben dar cumplimiento al principio de transparencia de la función pública. Es decir, deben respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la información que le sirvió de fundamento, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información.

3. ¿Qué información es pública según el principio de transparencia de la función pública?

Son públicos:

  • Todos los actos y resoluciones de de los órganos de la Administración del Estado y, en especial:
    • Sus fundamentos,
    • Los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y
    • Los procedimientos que se utilizaron para su dictación.
    • Toda información que sea elaborada con presupuesto público y toda información que se encuentre en poder, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.

Existe una presunción de que toda información de estas características es pública. Sin embargo, este derecho no es ilimitado y la ley establece cierta información que es reservada.

4. ¿Quién puede ejercer el derecho de acceso a la información?

Toda persona -natural o jurídica, nacional o extranjera- tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado.

5. ¿Es necesario estar patrocinado por un abogado para solicitar información?

No, el derecho de acceso está creado para que cualquier persona pueda solicitar información, evitando trabas a su ejercicio.

6. ¿Cómo puedo solicitar información a los organismos públicos?

La información se puede solicitar ante el órgano respectivo a través de su página web o por escrito. La solicitud debe contener:

 

  1. El nombre, apellido y dirección del solicitante,
  2. La identificación clara de la información que se requiere,
  3. La firma del solicitante y
  4. El órgano administrativo al que se dirige.


No es necesario dar más información personal que la solicitada ya que no hay que demostrar ningún interés personal o particular en la información solicitada, Tampoco es necesario expresar la causa o motivo por el que se solicita la información ni el uso que se le dará. Puede acceder al formulario elaborado por el Gobierno

7. ¿Estoy obligado a utilizar formularios para presentar una solicitud de información por escrito?

No. Los formularios de solicitud tienen por objeto facilitar el procedimiento de acceso a la información ya que contemplan las exigencias legales requeridas y señaladas en la pregunta anterior.

8. ¿La solicitud de acceso a la información es gratuita?

Los órganos o servicios de la Administración pueden cobrar la cantidad de dinero que corresponda únicamente a los costos directos de reproducción de la información solicitada. Sólo podrá cobrarse una cantidad adicional si una ley lo autoriza expresamente. La entrega de la información queda suspendida mientras este valor no se cancele.

En el caso de Senama, la entrega de información es gratuita

9. ¿Qué ocurre si el órgano o servicio al que se le presentó una solicitud resulta ser incompetente en esa materia o no es quién posee la información?

En este caso el órgano o Servicio al que se le presentó la solicitud, deberá remitirla de inmediato a la autoridad que deba conocerla en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al solicitante. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información requerida pertenece a múltiples organismos, se debe comunicar dichas circunstancias al solicitante.

10. ¿En cuánto tiempo recibiré la información solicitada?

El órgano o servicio público requerido tiene un plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción de su solicitud de acceso de información. Excepcionalmente, dicho plazo se puede prorrogar por 10 días más cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información. En este caso la prórroga deberá comunicarse al solicitante antes del vencimiento del plazo de 20 días y en forma fundada. Para computar los plazos mencionados no se cuentan los días sábado, domingos y festivos.

11. ¿Existen excepciones a la entrega de la información?

Sí, se contempla 4 casos en que el órgano o servicio requerido puede negarse a la entrega de información, siempre que así lo establezca una Ley de Quórum Calificado. Estos casos están reproducidos y explicados en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y dicen relación con que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información que se ha pedido puede afectar:

  • el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido,
  • los derechos de las personas,
  • la seguridad de la nación,
  • el interés nacional.

¿Qué ocurre si la información que solicito es susceptible de afectar derechos de terceros?

La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio requerido, deberá, dentro del plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, comunicar mediante carta certificada a la o las personas a que se refiere o afecta la información, para que éstas puedan manifestar su oposición a la entrega de la información.

12. ¿Cómo debe efectuar su oposición el tercero?

Para que la oposición del tercero sea válida, debe efectuarse por escrito y con expresión de causa, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde su notificación. De lo contrario, el órgano o servicio requerido deberá hacer entrega de la información, sin perjuicio de las causales de secreto o reserva contempladas en la ley.

13. ¿Qué se entiende por transparencia activa?

La Transparencia activa se refiere a la obligación que impone la Ley de Transparencia a los órganos y servicios de la Administración del Estado de mantener publicada a disposición permanente de las personas cierta información referente a la organización, personal, funcionamiento y servicios que presta el órgano. Por tanto, es la obligación de los organismos públicos para proporcionar, publicar y difundir información sobre sus principales actividades, presupuestos y políticas para que el público general pueda conocer lo que están haciendo, pueda participar en los asuntos públicos y pueda controlar cómo se comportan las autoridades públicas.

14. De acuerdo a las normas de transparencia activa ¿qué información debe publicar cada organismo público?

El artículo 7° de la Ley de Transparencia establece la enumeración taxativa de la información que los órganos y servicios deben publicar en sus sitios electrónicos. Ésta se debe actualizar todos los meses y corresponde a las siguientes materias:

  • La estructura orgánica;
  • las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades;
  • el marco normativo;
  • la planta del personal, el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones;
  • las contrataciones de bienes muebles, servicios y asesorías, con indicación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras;
  • las transferencias de fondos públicos;
  • los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros;
  • los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios;
  • el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución;
  • los mecanismos de participación ciudadana;
  • la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario;
  • y todas las entidades en que tenga participación, representación o intervención el órgano o servicio en cuestión.